En entrevista, el dirigente nacional de esa organización indicó que ese peligro no fue analizado por los diputados que modificaron el Cofipe y con ello eliminaron la posibilidad de que esas agrupaciones reciban financiamiento público.

"Se abre una puerta de 105 lavadoras de dinero porque gente que quiere en el ámbito ilícito mover sus recursos lo puede hacer a través de una donación a una agrupación política y ésta como tendrá necesidad de recursos para poder subsistir podría aceptarla", abundó.

Mao Sáenz confió en que ese financiamiento se entregue este año a las agrupaciones políticas registradas ante el Instituto Federal Electoral (IFE), pues el ejercicio fiscal inició y no han publicado el nuevo Cofipe, por lo que debe aplicarse la norma vigente.

Indicó que en caso de que no prosperen las acciones legales en contra de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y éstas entren en vigor en 2009, corresponderá a cada asociación buscar las vías de financiamiento.

Tales acciones, dijo, serán para seguir funcionando y cumplir con las tareas de fomento democrático que tienen encomendadas.

Aceptó que la subvención pública que reciben es importante para su subsistencia, pero esos recursos son mínimos ya que representan un promedio de 300 mil pesos anuales, es decir, 25 mil pesos mensuales que llega a ser incluso inferior al sueldo de un asesor de un diputado federal.

Consideró que no puede aceptarse como argumento para retirar el financiamiento que esas asociaciones son una carga para el erario, sobre todo si se considera que deben aglutinar al menos a cinco mil afiliados y tener delegaciones o sedes en mínimo siete estados.

En este sentido opinó que una mejor opción era incrementar los criterios para fiscalizar los recursos públicos que se les asignaban.